INFORME COMPLETO
Buenas prácticas en la promoción de la transparencia
Los índices de transparencia de los ayuntamientos (ITA) y los índices de transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU), que gestiona Transparencia Internacional, miden el nivel de transparencia y accesibilidad de la información pública a nivel regional y municipal sobre la base de 80 indicadores. Cada institución regional obtiene una puntuación individual, con la que se elabora el índice del nivel de transparencia de las 17 regiones. Durante los últimos cuatro años, estos indicadores muestran una mejora general de los estándares de transparencia a nivel regional. Según el INCAU 2012, el País Vasco y La Rioja son las regiones con mayores niveles de transparencia en el país. Un número creciente de regiones han adoptado o están a punto de adoptar leyes de transparencia (por ejemplo, Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares) y algunas están aplicando ya estrictas políticas en la materia.
FUTUROS PASOS
En España el marco jurídico de lucha contra la corrupción está bien implantado y la ejecución de la legislación ha mostrado buenos resultados en la investigación de las prácticas corruptas, incluso a altos niveles. Con todo, los recientes casos de corrupción a gran escala han puesto de manifiesto una serie de presuntas corruptelas que afectan a los fondos públicos y a la financiación de los partidos políticos. La corrupción política y los deficientes controles y equilibrios entre la discrecionalidad y la rendición de cuentas, especialmente en el gasto público, el proceso decisorio y los mecanismos de control a nivel regional y local, han sido retos particularmente difíciles. El desarrollo urbano y la contratación pública parecen estar entre los ámbitos más vulnerables. Para resolver estos problemas se han promovido reformas legislativas, en particular en lo que se refiere a la financiación de los partidos políticos, la eficiencia de los procedimientos judiciales, el refuerzo de los mecanismos de control en relación con el gasto público y la libertad de información. Por otra parte, las políticas de lucha contra la corrupción y obligación de hacer más transparentes ciertas operaciones públicas. El Gobierno Regional de Baleares encargó a todas las Consellerias que publicaran en sus sitios internet información sobre los indicadores internacionales de transparencia. Las políticas relacionadas con la integridad pasaron a ocupar el centro del debate público y político.
Es preciso prestar mayor atención a los aspectos siguientes:
· Proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos políticos, centrándose en la supervisión de los préstamos, la consolidación de las cuentas de los partidos (incluidas las ramas regionales y locales y otras entidades vinculadas a los partidos políticos), la mejora de los controles financieros internos, los controles exhaustivos efectuados en su debido momento por el Tribunal de Cuentas, y un régimen de sanciones reforzado.
· Desarrollar estrategias a la medida para las administraciones regionales y locales, precedidas por evaluaciones del riesgo de corrupción. Reforzar los mecanismos de control, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza local y regional.
· Desarrollar códigos de conducta exhaustivos para los cargos electos a nivel central, regional y local, con la adecuada rendición de cuentas e instrumentos sancionadores de las posibles violaciones de dichos códigos. Considerar el desarrollo de códigos éticos dentro de los partidos políticos o el establecimiento de pactos éticos entre los partidos, según lo recomendado por la Resolución del Parlamento de febrero de 2013. Reforzar la coherencia de las normas sobre publicidad patrimonial y los conflictos de intereses para los cargos electos y de libre designación a nivel central, regional y local, con el respaldo de un mecanismo de verificación eficaz y un sistema de sanciones disuasorio. Reforzar la capacidad de la Oficina de Conflictos de Intereses para llevar a cabo verificaciones de forma independiente y eficaz y para aplicar sanciones disuasorias. Garantizar el necesario marco de aplicación de la nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, incluido un mecanismo de supervisión independiente de la mano de un sistema de sanciones disuasorias.
· Tener en cuenta las conclusiones del Tribunal de Cuentas central y organismos similares a nivel regional en lo que respecta a las irregularidades en los procedimientos de contratación pública a nivel regional y local. Realizar una evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana concluidos durante un período de referencia reciente a escala regional y local, con el fin de identificar los factores de riesgo de corrupción. Difundir buenas prácticas normalizadas sobre contratación pública a nivel regional y local. Aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas central y de organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos a nivel regional y local.