GOBERNAR PARA LAS ÉLITES
Secuestro democrático y desigualdad económica La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante. El Foro Económico Mundial considera que esta desigualdad supone un grave riesgo para el progreso de la humanidad. La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites son demasiado a menudo interdependientes. La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento, y los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie. La desigualdad extrema no es inevitable, y puede y debe revertirse lo antes posible.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
La enorme y creciente concentración de ingresos y riqueza que están experimentando muchos países, incluida España, supone una amenaza mundial para la construcción de sociedades estables e inclusivas por una razón muy simple: una distribución desequilibrada de la riqueza desvirtúa las instituciones y debilita el contrato social entre las instituciones y el Estado.
El caso de España es especialmente preocupante, ya que se trata de una democracia todavía joven y por tanto más frágil, especialmente sensible ahora por el efecto de la crisis financiera y de las políticas que se han adoptado, que han castigado de manera especial a las clases medias y a las personas más desfavorecidas. Que no se haya hecho recaer el esfuerzo económico para encarar la crisis en quienes tienen más recursos, junto con la impunidad con que se ha tratado a los responsables de la debacle financiera, y la falta de una actuación clara y contundente contra una corrupción cuyas evidencias se multiplican día a día, inocula una tensión insoportable en la sociedad. Los controles y contrapesos establecidos para garantizar que se escucha la voz de la mayoría de la población tienden a debilitarse. La concentración de los ingresos y la riqueza obstaculiza la materialización efectiva de la igualdad de derechos y oportunidades, ya que dificulta la representación política de los colectivos desfavorecidos a costa de beneficiar a los sectores acaudalados. Por ello, es más importante y urgente que nunca tomar medidas claras para reducir la desigualdad, acabar con la riqueza y la pobreza extremas, y promover los mecanismos que previenen que los intereses de las élites económicas y financieras sean los que marquen la agenda política, en detrimento de los intereses de la mayoría de la población.
Las personas que participan en el Foro Económico Mundial de Davos tienen en sus manos el poder de revertir el rápido incremento de la desigualdad. Oxfam hace un llamamiento para que se comprometan a:
• No utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos ni en sus propios países ni en otros países en los que invierten y operan;
• No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad política de sus conciudadanos;
• Hacer públicas todas las inversiones de las que sean beneficiarios efectivos;
• Respaldar una fiscalidad progresiva;
• Exigir a los gobiernos que utilicen su recaudación fiscal para proporcionar a los ciudadanos sanidad, educación y protección social universales;
• Reclamar que todas las empresas que poseen o controlan ofrezcan un salario digno a sus trabajadores;
• Exigir a otras élites económicas que también se adhieran a estos compromisos.
En el marco de los objetivos de desarrollo posterior a 2015, Oxfam reclama que 16 un objetivo principal sea:
• La eliminación de la desigualdad económica extrema como objetivo mundial en todos los países. Este objetivo debería incorporar una supervisión coherente de la participación en la riqueza del 1% más rico de la población en todos los países.
Oxfam ha realizado también recomendaciones políticas con el objetivo de fortalecer la representación política de las clases media y baja, para así alcanzar una mayor igualdad. Éstas políticas recomendadas incluyen:
• Una mayor regulación de los mercados; y
• Poner freno a la capacidad de la población rica para influir en los procesos políticos y en las políticas que mejor responden a sus intereses.
La combinación concreta de las políticas necesarias para revertir el aumento de las desigualdades económicas debe adaptarse a los diferentes contextos nacionales.
No obstante, el ejemplo de los países desarrollados y en desarrollo que han conseguido reducir la desigualdad económica nos ofrece algunos puntos de partida, entre los que destacan:
• La adopción de medidas firmes contra el secreto bancario y la evasión fiscal;
• Las transferencias redistributivas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social;
• La inversión en el acceso universal a la atención sanitaria y la educación;
• La fiscalidad progresiva;
• El fortalecimiento de los umbrales salariales y de los derechos de los trabajadores.
• La eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
El fortalecimiento de la calidad democrática en España debería materializarse de la siguiente forma:
• Garantizar la independencia y el buen funcionamiento de los entes supervisores y reguladores del Estado.
• Recuperar el Congreso de los Diputados como espacio de diálogo y de rendición de cuentas de los representantes electos hacia y con la ciudadanía.
• Garantizar el acceso y la calidad de la información hacia los ciudadanos, el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas. Este derecho también obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.
• Fomentar una democracia participativa.
• Garantizar las libertades ciudadanas: la libertad de expresión y de manifestación, la libertad de información y el periodismo de investigación, y el fomento de la cultura como herramienta de transformación social.
• Promover un sector financiero transparente y que cumpla con el fin social de dar acceso al crédito a la ciudadanía.
• Combatir de manera inflexible la corrupción y acabar con la impunidad: reforzar la lucha implacable contra el fraude y la evasión fiscal, 32 contra el 17 tráfico de influencias y contra la impunidad de quienes han generado perjuicios a las arcas públicas y a la ciudadanía por una gestión ineficiente o irresponsable.