Así se vulnera en España la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

El 70 aniversario de la aprobación del texto de Naciones Unidas deja en evidencia los incumplimientos que aún se registran en este país. Libertad de expresión, vivienda, trabajo digno, igualdad...

 

Descripción: Descripción: Un niño sujeta un cartel en una concentración contra un desahucio. EFE

 

PÚBLICO. DDHH

BILBAO

09/12/2018 23:02 Actualizado: 09/12/2018 23:02

DANILO ALBIN

 

En este preciso instante, una familia de Barakaldo mira hacia la puerta de su casa sin saber hasta cuándo tendrá la llave para abrirla. Les encantaría seguir durmiendo bajo este techo, pero hay malas noticias: les van a desahuciar. También les gustaría pagar religiosamente el alquiler, pero están en el paro y, por tanto, no tienen los recursos suficientes para vivir. Quizás tampoco los tendrían si contasen con un empleo, porque ahora puedes trabajar y ser, sencillamente, pobre. Cosas de la precariedad.

Hace hoy setenta años, unos visionarios pronosticaron que todo esto y mucho más podía ocurrir y, por tanto, escribieron una serie de artículos para tratar de evitarlo. Buena intención, poca repercusión. Cuando se cumplen siete décadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en España siguen dejándote en la calle por mucho que el artículo 17 de aquel texto internacional diga lo contrario. Cosas de la vida.

Cualquiera diría que la Constitución del Reino de España, que acaba de soplar cuarenta velitas, asume la septuagenaria Declaración Universal de los Derechos como base propia. Léase el Título I, artículo 10, punto 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, proclama solemnemente, un día sí y otro también, desde 1978. Cosas de la Carta "Antes de reformar la Constitución, estaría bien que se cumpliera lo que allí pone"

Magna.

 

Hace algunas semanas, un veterano profesor de Derecho Constitucional lanzaba una frase al aire durante una conversación con este periódico. “Antes de reformarla, estaría bien que se cumpliera lo que allí pone”. Se refería así a la Constitución y, de rebote, a la Declaración de la ONU. Quiso el destino que el cumpleaños de ambos textos caiga en el mismo mes. Quiso la clase gobernante que ni la Declaración ni la Constitución se cumplan a rajatabla. Pregunten si no a la familia de parados de Barakaldo que ahora mismo, en este preciso instante, mira hacia la puerta con cara de terror.

Estos son algunos de los derechos que están escritos, firmados, ratificados… pero no se cumplen.

 

Libertad de Expresión

La Ley Mordaza es un auténtico tren chocando, de lleno, contra el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son la noche y el día. El invierno contra la primavera, o la “amenaza masiva” que se aplica, fundamentalmente, contra “activistas y periodistas”, como dice Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional (AI). Según datos de esta organización, “desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se han impuesto una media de 80 multas diarias solo en aplicación de los dos artículos con más impacto de esta ley, lo que podría equivaler a casi 25 millones de euros”.

Beltrán también advierte sobre las “leyes decimonónicas que aún están en el Código Penal” y que persiguen las “injurias a la Corona” o las “ofensas a sentimientos religiosos”. Tampoco se olvida de la legislación antiterrorista, que en España “empieza siendo temporal y acaba siendo parte del sistema”. Le preocupa especialmente el artículo 578 del Código Penal, que habla sobre el “enaltecimiento del terrorismo”, una acusación que –paradójicamente- se formula con especial virulencia desde que ETA abandonó la violencia.

 

Vivienda

El derecho a vivir en un hogar digno –y que ningún banco pueda dejarte sin él- es otro de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 17) que en España brilla por su ausencia. La politóloga y jurista Irene Escorihuela, quien además se desempeña como directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC), lo tiene claro. “La vivienda ni siquiera está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución. Eso implica que hay menores garantías de cumplimiento”, afirma.

La experta destaca también otro aspecto: en España, “la inversión en vivienda es muy baja”. “Uno de los mayores déficits en esta materia tiene que ver con el parque público, que es del 1,5%”, señala. En otras palabras, eso significa que “si el Estado tiene que cumplir con el derecho a la vivienda y únicamente pone a disposición de las personas con bajos ingresos un 1,5% de las viviendas, en realidad está haciendo muy poco esfuerzo para proteger este derecho”.

Por su parte, el director de AI aportó otra cifra que choca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “en lo que va de año ha habido 33 mil desalojos, y han crecido los relacionados con impago de alquiler”. En ese contexto, Orihuela añade que a día de hoy se registran en España “muchísimos desahucios sin realojo, algo que Naciones Unidas ha denunciado en varias ocasiones”. “Se supone que no pueden desahuciarte si no hay una alternativa, porque no te puedes quedar en la calle, pero eso está pasando cada día en nuestras ciudades”, alerta.

 

Trabajo

Algunos artículos más adelante, la Declaración de Naciones Unidas habla del derecho al trabajo y de una “remuneración equitativa y satisfactoria” que asegure “una existencia conforme a la dignidad humana”, justo lo contrario de lo que ocurre en miles y miles de hogares de asalariadas y asalariados precarizados. ¿Tienen un empleo? Sí. ¿Les alcanza para vivir dignamente? Ni de broma. Son lo que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza define, sencillamente, como “trabajadores pobres”. “Se debe destacar especialmente que el 14,1% de las personas ocupadas se encuentra en riesgo de pobreza, es decir son personas trabajadoras pobres. Este dato confirma que tener un empleo no garantiza salir de la pobreza, como tantas veces se ha afirmado”, afirma ese organismo en su último informe.

“Tras la crisis ha habido un incremento de la desigualdad económica y social. Junto a ello se ha registrado una precarización en el empleo y, por lo tanto, en la vida laboral”, señala a Público el director general de Intermón Oxfam, José María Vera, quien remarca que a día de hoy “el empleo no permite asegurar una existencia conforme a la dignidad humana”, siguiendo la terminología de la Carta de Naciones Unidas. “Hay que tener en cuenta que las últimas reformas laborales sirvieron para deteriorar aún más los derechos de las personas trabajadoras”, añade Escorihuela.

 

Igualdad

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (especialmente el artículo 2) debería servir como antídoto contra la desigualdad que sufren las mujeres. Debería, pero no sirve. “La brecha salarial es un claro indicador de este tema. También se observa en otro tema clave: las familias monomarentales tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda”, subraya la directora del Observatorio DESC.

Por su parte, Beltrán hace hincapié en esa brecha que marca los ingresos salariales dependiendo de si eres mujer u hombre. “En España asciende a un 14%, casi el triple que en países como Italia, Rumania o Luxemburgo”, remarca. “Si hablamos de mujeres de entre 55 y 64 años –continúa-, la brecha llega hasta el 22%”. La cosa no mejora entre aquellas que engrosan la cola del paro: “el desempleo –apunta el director de AI- afecta de forma más alta a las mujeres que a los hombres”. Por no hablar del riesgo de pobreza que se da “sobre todo en familias encabezadas por mujeres”. Precisamente, AI ha aprovechado su informe sobre lo acontecido en 2018 –que se dará a conocer este lunes- para analizar las vulneraciones contra los derechos de las mujeres en España.

Asilo

Hay otro asunto que habitualmente aparece en las portadas, y no precisamente por la destreza de las autoridades españolas a la hora de abordarlo. “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”, dice el artículo 14 de la Declaración de Naciones Unidas. Sin embargo, el director general de Intermón Oxfam dice que España, “con su cicatero sistema de asilo y refugio, así como con su terrible lentitud a la hora de resolver expedientes, está incumpliendo ese artículo”. 

En esa línea, el responsable de AI coincidió en señalar las dificultades que existen en España a la hora de acceder a este derecho y criticó que sigue sin plantearse un reglamento para la ley de asilo, aprobada en 2009. De hecho, la organización dirigida por Esteban Beltrán denunció en uno de sus informes que “el modelo español de acogida no garantiza una adecuada recepción e integración de las personas solicitantes de asilo”, al tiempo que se ha mostrado “incapaz de ofrecer una respuesta acorde a los estándares internacionales de derechos humanos”.

 

Memoria histórica

Dice la Declaración de Derechos Humanos que en este planeta “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Según el artículo 7, “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Nada de eso conocen las víctimas del franquismo, cuyas reclamaciones de verdad y justicia han sido siempre rechazadas por los tribunales españoles.

Esta situación ha sido denunciada en sus informes por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), que no se cansa de reclamar a los partidos políticos un claro compromiso de “establecer en las Cortes Españolas la condena oficial y expresa del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 e incluir esta condena en el preámbulo de la Constitución Española revisada”, así como “reconocer el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura franquista, conforme a las recomendaciones efectuadas al respecto por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

Beltrán lo resume de otra manera. “La tendencia general es que cuando un país pasa de una dictadura a una democracia, las personas tengan acceso a la verdad. En España es al revés: a medida que avanza la democracia, avanzan los obstáculos para que las víctimas de desaparición forzada, tortura sistemática y esclavitud durante el franquismo tengan acceso a la verdad judicial”. “Entre 1975 y 2010 ha habido 45 comisiones de la verdad en el mundo. En España todavía estamos discutiendo si debe haber una verdad oficial o no”, remarcó.